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La Revista Agraria Nº 56 - Lima-Perú, julio 2004

Coyuntura:

 

La inflación y el agro.

El Instituto Nacional de Estadística (INEI) informó que el índice de precios al consumidor a nivel nacional registró en junio un incremento de 0.47% respecto del mes anterior, siendo 2.92% el acumulado durante el primer semestre del año, y 4.25% el de los últimos doce meses. A los técnicos del MEF les preocupa que, de continuar esta tendencia, terminemos el año con una tasa de inflación que sobrepase el techo previsto de 3.5% y, por eso, sus voceros anuncian la posibilidad de bajar la presión inflacionaria con medidas orientadas a abaratar las importaciones de algunos alimentos.

Hay razones para preocuparse? Ciertamente sí, afirma el economista Humberto Campodónico, considerando que la presión inflacionaria incide en el poder adquisitivo de la población, sobre todo en los sectores más pobres, que son quienes más pagan por los alimentos, rubro que soporta el mayor incremento de precios: 4.77% en lo que va del año, y 6.93% desde junio del 2003. Pero de ahí a responsabilizar al sector agrario por esta presión inflacionaria, no parece sino un pretexto para justificar la medida sugerida por el viceministro de Hacienda, Kurt Burneo, de eliminar o reducir las sobretasas variables que gravan las importaciones de alimentos.

Dado que los alimentos representan el 49% de la canasta de consumo, es indudable que la disminución de la oferta de algunos productos -cuya producción interna se ha visto afectada por la sequía en la costa norte y en la sierra- tiene que expresarse en un incremento de precios. Según registra el INEI, los productos con mayores incrementos en los últimos seis meses fueron: pan y cereales (11.32%), leche, quesos y huevos (7.13%), grasas y aceites (6.59%), hortalizas y legumbres (11.92%), leguminosas y derivados (14.96%) y azúcar (31.54%).

Pero ¿cuánto incide el alza de los combustibles en el índice general de precios y en el de los alimentos en particular? Los promedios anuales de incremento de precios de los derivados del petróleo para el hogar y el transporte estuvieron, el 2002, en 15.5%; el 2003, entre 10.4% y 9.4%; y en lo que va del 2004, entre 11.9% y 12.1%, según el INEI. De modo que, aunque este rubro representa menos del 6% de la canasta de consumo, desde por lo menos hace dos años muestra aumentos de precios que están por encima del promedio general, impactando, como es de suponer, en los precios del transporte, de los fletes, de la energía, y en los costos de producción en general.

Situación distinta pasa con los precios de los alimentos. Desde 1995, la inflación en este gran rubro (ver gráfico) estuvo por debajo del promedio de todos los precios de la economía (índice general). La baja inflación de estos años -e incluso los períodos de deflación que hemos tenido- se sustentó precisamente en los deprimidos precios de los productos agrarios, que han descapitalizado a los agricultores.

El aumento de precios de los últimos meses es estacional, y en determinados productos (arroz, azúcar, hortalizas y menestras). En el caso del arroz, el alza beneficia particularmente a los productores de la selva, quienes han sido alentados -incluso desde el Minag- a la siembra de este cultivo ante la perspectiva de obtener mejores precios que en anteriores campañas. Lo que en la práctica ha planteado el viceministro Burneo, con la reducción o eliminación de las sobretasas variables al arroz y al azúcar (¿y tal vez trigo?), es abaratarles los costos de internamiento a determinadas agroindustrias y empresas importadoras, y presionar a la baja los precios que reciben los productores agrarios.

Pero si de bajar la presión inflacionaria se trata, Campodónico indica que sería más importante reducir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles. En aplicación del ISC, los derivados del petróleo en el Perú son de los más caros de América Latina, y si se les suma el 19% de IGV, hasta más del 50% del precio que se paga es para impuestos. El creciente aumento del precio internacional del petróleo, que ha llegado a cruzar la barrera de los US$40 el barril, ha significado para el Estado aumentar la recaudación, tanto por concepto de IGV como de ISC. Según cálculos del economista, el Estado está recaudando por estos conceptos un 60% más que hace dos años. El 20 julio, el gobierno dispuso reducir el ISC a los combustibles, de S/2.29 a S/2.24 el galón, pero se considera que esta reducción es insuficiente para conseguir el efecto deseado, dado el alto componente inflacionario que tienen los precios de los combustibles.

Hay, pues, medidas más efectivas para bajar la presión inflacionaria y, de paso, dar mayor competitividad a la actividad productiva en general, que pensar en desmantelar las franjas de precios o eliminar las sobretasas específicas, únicos instrumentos capaces de neutralizar parcialmente la competencia desleal de las importaciones subsidiadas. Dichas medidas perjudican al agro y debilitan la capacidad negociadora del país en momentos que se negocia el TLC con los EE.UU.

 

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