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La Revista Agraria Nº 50 - Lima-Perú, noviembre 2003

Artículos:

 

Los recursos naturales: entre el "interés nacional" y el "interés local"

En los últimos meses, conflictos relativos a la utilización de recursos naturales han sido noticia cotidiana: diversos proyectos de utilización o explotación de aguas, bosques, yacimientos mineros y gas, han generado reacciones y reclamos en las sociedades locales donde esos proyectos se asientan.

Un rápido inventario de los conflictos más conocidos por la opinión pública nos remite a una geografía particular, en la cual encontramos, en primer lugar, al valle de San Lorenzo (Piura), donde la empresa minera Manhattan pretende -en asociación con inversión del gobierno peruano- extraer oro, desplazando al poblado de Tambogrande y poniendo además en riesgo la importante producción agrícola del valle, surgido en medio del desierto gracias a la "colonización" implantada desde la década de 1960 con apoyo del BM, institución a la cual, irónicamente, se menciona como uno de los prestatarios del proyecto minero. En Tambogrande, un referéndum realizado el año pasado ha mostrado que casi la totalidad de la población rechaza la implantación de la empresa.

En Pampamali (provincia de Angaraes, Huancavelica) recientemente ha habido movilizaciones y protestas contra el inicio de un proyecto minero que compromete la calidad del medio ambiente y, sobre todo, del agua de varios ríos de los distritos de Lircay y Seqlla. En Cajamarca, la relación de la minera Yanacocha con la colectividad oscila entre la aceptación y el rechazo: el derrame de mercurio en Choropampa y el proyecto de ampliación de la empresa comprometiendo las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Cajamarca, han generado en la población actitudes críticas contra la principal extractora de oro del país.

Por otra parte, la planta terminal de tratamiento del gas proveniente de Camisea se está instalando -a pesar de múltiples críticas- en plena bahía de Paracas, cuando el proyecto original consideró su construcción en Pampa Clarita, en la provincia de Chincha. Razones de "ahorro" y "reducción de costos" han sido esgrimidas con éxito por la empresa, recibiendo pleno apoyo de los mismos entes encargados de proteger la reserva de Paracas.

El criticado vicepresidente Raúl Diez Canseco ha recurrido al "interés nacional" como argumento para impulsar un proyecto turístico en las costas de Tumbes -Playa Hermosa-, expropiando tierras a los agricultores y acceso a la pesca a los pescadores, a fin de favorecer la inversión de operadores hoteleros. Forma elegante de buscar la "privatización" y comercialización turística de un sector de la franja costera para beneficio de consorcios extranjeros, con derechos excluyentes de utilización, lo cual generó la oposición de los agricultores afectados y obligó al gobierno y al vicepresidente a suspender su puesta en marcha.

Si continuamos nuestro inventario de conflictos hacia el sur del país, nos encontramos con el conflicto entre las regiones de Moquegua y Arequipa, enfrentadas por el uso de las aguas almacenadas en la represa de Pasto Grande. Quizá deberíamos hablar mejor del conflicto entre dos visiones distintas de la agricultura: la de los arroceros arequipeños y la de los pequeños productores moqueguanos.

¿Cuántos proyectos más, sobre todo mineros, se encuentran iniciando sus prospecciones, sus estudios y análisis de vetas en este mismo momento en el Perú? Posiblemente varios, en diferentes regiones y en nombre del "interés nacional". ¿Cuán informada se encuentra la población local sobre estas actividades y los objetivos de explotación de los recursos? Posiblemente el desconocimiento es el común denominador.

La mayoría de los conflictos enumerados rápidamente, ponen en evidencia la lejanía existente entre lo que se considera "interés nacional" por parte de quienes ejercen cargos de gobierno y el "interés local" de las poblaciones involucradas en operaciones concretas de empresas de diversa índole, y podemos encontrar su explicación principal en la opción por una estrategia de grandes inversiones privadas para la explotación de los recursos naturales en función de la caja fiscal centralizada, antes que en visiones de desarrollo local o regional.

A partir de esa opción se ha diseñado un marco legal que privilegia esta estrategia de la "caja fiscal". El comportamiento de las instituciones -en especial, el Ministerio de Energía y Minas- que supuestamente monitorean y vigilan a las empresas, se reduce a meros trámites burocráticos que favorecen a los inversionistas y no a las sociedades locales afectadas. La estrategia de este tipo de inversión, apoyada por el Estado y favorecida por el marco legal existente, genera una de las principales causas de conflictos por la explotación de recursos: la carencia de transparencia y el ocultamiento de información a la población -organizada o no- que habita en el espacio donde se piensa desarrollar un proyecto importante.

Esta desinformación por parte de los inversionistas y de los entes públicos genera, en algún momento del desarrollo del proyecto de inversión, reclamos locales de diversa envergadura, que se alimentan también del desconocimiento de leyes y normas por parte de los ciudadanos. Surgen así, en consecuencia, en los últimos tiempos, movimientos sociales que reclaman derechos sobre el usufructo y protección de los recursos naturales -renovables o no- que forman parte de su espacio socioeconómico.

Algunas enseñanzas deberíamos extraer de todos estos conflictos. En primer lugar, la necesidad de informar con transparencia a la población sobre cualquier proyecto diseñado para extraer recursos de una zona determinada. En segundo lugar, una revisión de la estrategia de grandes inversiones, ejerciendo supervisión fiscal y evitando exoneraciones abusivas de su carga tributaria. La vinculación entre las inversiones para explotar los recursos naturales y el desarrollo local debe ser, por último, una condicionante para acercar los intereses de las sociedades locales a lo que se considera "interés nacional", que en muchas ocasiones no es sino interés de algún grupo económico escudado en voceros políticos.

 

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