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La Revista Agraria Nº 45 - Lima-Perú, junio 2003

Tecnología:

Telecomunicaciones rurales

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha puesto a consideración del público interesado sel "Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los lineamientos de política para promover un mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social", en busca de opiniones y sugerencias.
Vale la pena repasar algunos puntos esclarecedores de la situación actual de las telecomunicaciones en zonas rurales, a partir de los datos publicados en este proyecto.

Según el documento, publicado el 16 de mayo, de 1828 capitales de distrito que hay en el país, sólo 423 cuentan con telefonía fija en la modalidad de abonados; las 1405 restantes, que no cuentan con dicho servicio, en su mayoría pertenecen a zonas rurales.

La instalación de líneas de telefonía fija sigue concentrada en Lima, pero la situación es más grave hoy en relación con 1994, antes de la venta de CPT-ENTEL a la Telefónica. Hace diez años el 64.5% del total de líneas instaladas en el país se encontraba en Lima, seguida de Arequipa (6.2%) y La Libertad (4.6%). Actualmente, el 68% de las líneas en servicio están en Lima, mientras que el segundo departamento con mayor cantidad de líneas continúa siendo Arequipa, pero con apenas el 4.9% del servicio instalado a nivel nacional. Esta comparación revela el poco esfuerzo que ha habido por parte de los operadores y el Estado en la descentralización del acceso a las telecomunicaciones, para mencionar sólo el caso de la telefonía fija.

También se constata la poca promoción para el ingreso de operadores de telecomunicaciones en las áreas rurales, mucho menos de operadores nacionales o de formación local. En el Perú no hay obligaciones o condiciones para que las multinacionales expandan el servicio hacia las áreas consideradas no rentables. En vez de ello, se creó el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), administrado por el OSIPTEL, forma bajo la cual el Estado busca el acceso universal a las telecomunicaciones con la política de contratar a la mismas empresas que operan en el país -principalmente, Gilat To Home- para la instalación de telefonía pública y acceso a Internet, obviando tecnologías alternativas y la entrada de otros proveedores, incluidos nacionales y locales.

Este contexto hace necesario contar con una política de promoción efectiva para el desarrollo descentralizado de las telecomunicaciones. En ese sentido, la propuesta de lineamientos plantea otorgar las licencias de operación en un plazo máximo de 30 días, en las áreas rurales y los lugares de preferente interés social que el MTC y OSIPTEL determinen. No hay, sin embargo, lineamientos para que FITEL desarrolle proyectos elaborados de una manera participativa y de acuerdo con planes locales, regionales y nacionales.

Otros importantes lineamientos se refieren al establecimiento de bandas de frecuencia de libre uso y a la evaluación por OSIPTEL de la desregulación de determinados servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión en las zonas rurales. Aunque la medida puede ser revolucionaria, no se menciona a qué bandas de frecuencia se refiere. En el Perú algunas frecuencias que permitirían el desarrollo de las telecomunicaciones en zonas rurales, a bajo costo, han sido asignadas a empresas comerciales, distorsionando el concepto de bandas libres vigente en políticas internacionales. Es el caso de la frecuencia de 2.4GHz, que permite la transmisión de datos (voz, acceso a Internet, etc.) de manera inalámbrica y con bajo costo, otorgada a las empresas Digital Way y Diveo, cuando mundialmente es asignada para uso libre y con preferencia para aplicaciones industriales, científicas y médicas.

También se señala que el MTC adoptará las medidas necesarias para reducir los costos de canon a los operadores en áreas rurales y el establecimiento de una política especial de tarifas de interconexión. Esta política es fundamental y requiere de una decisión firme del Estado, que debe publicar la magnitud de estas reducciones. La actitud de Telefónica respecto de los costos de interconexión ha sido un obstáculo que ha impedido el desarrollo de operadores más pequeños.

Finalmente hay una serie de lineamientos de promoción muy generales. Por ejemplo: desarrollo de pequeñas redes y empresas de telecomunicaciones en áreas rurales, con incentivos que no están especificados; uso compartido de infraestructura y la integración de las redes del Estado; proyectos de desarrollo humano relacionados con tecnologías de la información y las iniciativas de las comunidades a través de gobiernos locales y regionales. Todas estas generalidades requieren de una sustentación más detallada.

No obstante los vacíos, la pronta aprobación de este proyecto de decreto supremo es necesaria, sin perjuicio de posteriores añadidos y especificaciones para que la legislación peruana y las políticas públicas favorezcan el desarrollo de las telecomunicaciones en el campo, democraticen su uso, reduzcan la brecha digital, favorezcan al proceso de descentralización y ayuden a la generación de conocimientos locales en este tema.

 

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