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La Revista Agraria Nº 24 - Lima-Perú, febrero 2001

Coyuntura:

Ley Forestal. Reglamento esperado

A mediados de marzo sería publicado el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 27308, esperándose que se cubra vacío legal e institucional que está generando graves enfrentamientos en la amazonía, más corrupción en el negocio de la madera y mayor depredación de bosques. 
Así lo ha denunciando la Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina (COICAP) y el Foro Ecológico. 

En comunicación dirigida al Jefe del INRENA, la COICAP denuncia que muchos extractores y habilitadores madereros, que sienten cercano el fin de su práctica ilegal, en la última campaña incrementaron la tala de caoba y cedro hasta volúmenes nunca antes vistos en zonas como Atalaya, Purus, Islandia e Indiana.

Se indica que esta saca ha afectado áreas de la Reserva Natural de Pacaya Samiria donde hace una semanas se encontraron tractores forestales. Y según la denuncia los habilitadores han llegado al extremo de presentarse como "nuevos concesionarios" sin que reciban respuesta firme de ninguna autoridad. No es pues casual que pese a las restricciones establecidas a la explotación y comercialización de madera aserrada de caoba y cedro, las exportación maderera creció el año pasado en 8.6%.

Se señala, por otro lado, que se están produciendo peligrosos enfrentamientos que los habilitadores ilegales azuzan con el fin de obstaculizar un ordenamiento de la actividad forestal a través de un proceso de diálogo y concertación. El asesor técnico de la COICAP y miembro del Foro Ecológico, Walther Hertz, señala que los habilitadores están alimentando la idea de que la nueva Ley Forestal impedirá que los pequeños extractores accedan a "su derecho a seguir viviendo de la madera". Sin embargo, dice, en las condiciones actuales de informalidad quienes pierden son los comuneros y trabajadores porque los habilitadores ilegales les pagan 300 soles al mes, que se les cancela tres o cuatro meses después de haberse internado en el bosque sin que se respeten sus derechos laborales ni otorgárseles algún tipo de protección frente a eventuales accidentes.

En ese sentido, Hertz señala que la Ley Forestal tiene la ventaja de que explicita su respeto a los convenios internacionales, lo cual debiera significar que se aplique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a fin de formalizar reglas salariales y ocupacionales mínimas para los trabajadores del bosque.

La COICAP destaca que a la base de los enfrentamientos está la desinformación y el malestar existente entre comunidades y pequeños extractores debido a la "notable" falta de acercamiento del INRENA hacia los diferentes actores del bosque. Hertz precisa que la actividad maderera se ha desarrollado los último 25 años en el limbo de la informalidad y la corrupción, situación que la nueva Ley pretende cambiar, pero ello se dificulta cuando el Estado dicta una norma sin generar espacios de diálogo y concertación. 
Frente a ello se plantea que el Reglamento de la Ley incorpore mecanismos institucionales y participativos a fin de ganar el interés y la voluntad de comunidades, gobiernos locales, empresarios e instituciones de investigación y desarrollo.

Se propone fortalecer la presencia directa y descentralizada de INRENA en las principales zonas forestales, con personal técnico y administrativo solvente, y al mismo tiempo dar autoridad a las comunidades y gobiernos locales para que actúen en defensa del patrimonio forestal, señalándose que ello implica diseñar formar creativas de cooperación y distribución de beneficios. 

El rol promotor del Estado

Un segundo aspecto que el Reglamento de la Ley tendría que incorporar se refiere, precisamente, a la distribución de los beneficios que se obtienen del bosque. Hertz indica que la Ley ordena que se haga manejo sostenible de los bosques pero no lo promueve pues plantea un esquema de grandes concesiones forestales para que sean empresas transnacionales las que se encarguen de reordenar el sector. "El Estado no invierte -señala- y por eso es que la ley no tiene propuestas empresariales concretas para comunidades y pequeños extractores, o de formas empresariales mixtas en las que puedan intervenir gobiernos locales y comunidades".

Para la COICAP la acción del Estado para promover una actividad forestal sostenible debe hacerse a través de acciones de capacitación, con información y acercamiento a mercados, con búsqueda de líneas de crédito, con incentivos tributarios o premios para cuando haya valor agregado y diversificación industrial. 
De manera complementaria, se ha planteado la necesidad de dar prioridad a la constitución de las Reservas Comunales formalizándose mecanismos de gestión para garantizar la preservación de los recursos y que las comunidades nativas de la selva puedan recibir beneficios directos de las prácticas de aprovechamiento y conservación de los bosques, particularmente de las Áreas Naturales Protegidas, cuya ley tampoco está reglamentada.

Según lo informado gran parte de estos planteamientos han sido incorporados en el Reglamento próximo a salir. Pero como dice la COICAP, la mejor norma puede fracasar si es que no se construye una alianza estratégica entre el estado y la sociedad.

 

....Continúa--->

 

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